El campo español mantiene la tensión. Más allá del cielo, el sector de la vendimia mantiene su mensaje sobre la necesidad de cumplir con la Ley de la cadena alimentaria para que el sector pueda cubrir los costes de producción. Por ello, Unión de Uniones considera necesario que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) extreme las actuaciones de control en un sector especialmente propenso al incumplimiento de las clausulas recogidas en los contratos.
La organización se lamenta de que la información sobre las perspectivas de la vendimia de 2024 por parte de los consejos reguladores y otras entidades, como el Ministerio o las CC.AA, salen a cuentagotas, contando solo con el dato de casi 40 millones de hectólitros.
Esto hace que los viticultores no puedan tomar decisiones y, si lo hacen, lo hacen de manera distorsionada a la hora de firmar sus contratos con los precios propuestos, la variable más desconocida del sector, siendo, por el contrario, muy conscientes de los costes de producción en los que han ido incurriendo a lo largo de la campaña.
A partir de esta situación repetida campaña tras campaña, partiendo de las existencias que, aventurándose, podrían situarse por debajo de los 30 millones de hectólitros, el sector se enfrenta no solo a problemas ligados a la oferta sino a una demanda de consumo cada vez más disminuida, contenida y débil.
Unión de Uniones resalta que la utilización de los fondos de la Intervención Sectorial Vitivinícola en este escenario es fundamental a la hora de atender a problemas coyunturales y, cada vez más, estructurales, que permitan a las más de 536.000 explotaciones existentes planificar el futuro de un cultivo presente en más del 40% de los municipios de nuestro país. La presencia de viñedos ha incrementado la población y el tejido socioeconómico en los municipios de menos de 2.000 habitantes en los últimos 20 años, como lo indican los distintos Informes elaboradores referidos a la importancia del sector vitivinícola en el medio rural.
Desde la organización se considera que la permanencia del sector debe asentarse en la consecución de precios remuneradores, las ayudas públicas para solventar los problemas de coyuntura, muy diversos y que han de afrontar los problemas ligados al cambio climático, y el despliegue de políticas estructurales consensuadas que primen la figura del viticultor profesional frente a otros intereses espurios así como animar al consumo.
