El Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León (COOCYL) está llevando a cabo una campaña con el objetivo de aumentar la presencia de los optometristas en la sanidad pública de la región para mejorar la salud visual de los ciudadanos y reducir las listas de espera en Oftalmología. Según los números oficiales del gobierno regional, al 31 de marzo de 2023 había 52.296 personas en espera, lo que significa un aumento del 63% respecto al año anterior.
Con el lema 'Ópticos en SACYL: Un paso más hacia la inclusión de los ópticos-optometristas en la sanidad pública de Castilla y León', COOCYL explicará los beneficios que supondría la integración de estos profesionales sanitarios en los centros de salud o en los hospitales de la región, no sólo para mejorar la detección y el abordaje de los problemas visuales de la población, sino también porque la medida generaría un ahorro para las finanzas públicas de la comunidad.
En 2004, Castilla y León y Navarra fueron las primeras comunidades autónomas en España en reconocer la categoría profesional sanitaria del óptico-optometrista. Desde entonces, unos 400 profesionales trabajan en hospitales y centros de salud de once comunidades autónomas, contribuyendo a mejorar la asistencia visual: Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta iniciativa no ha llegado a desarrollarse plenamente.
La incorporación de óptico-optometristas a SACYL contribuiría significativamente a un ahorro de costes para el sistema, como se confirma en el informe sobre 'Ampliación de cartera de servicios en salud visual: una aproximación de evaluación económica' entregado a la Consejería de Sanidad. Según las cifras de derivaciones desde Atención Primaria para problemas de agudeza visual, estimadas en 74.000 personas al año en la población pediátrica y en 63.100 en la población adulta, se requerirían 31 unidades de Optometría, con un coste de 59.309 euros cada una, lo que supondría un desembolso de 1.838.579 euros, casi la mitad del coste total estimado actualmente de 3.642.300 euros.
Castilla y León no solo es una de las pocas comunidades autónomas que disponen de titulaciones de Grado en Óptica y Optometría, sino que, además, estos estudios cuentan con una amplia trayectoria de 27 años impartidos por la Universidad de Valladolid (UVa) y una alta tasa de empleabilidad.
Los ópticos-optometristas están cada vez más presentes en la atención primaria de la salud visual, como se muestra en la última edición del 'Libro Blanco de la Salud Visual en España': el 70% de los ciudadanos que se hacen revisiones periódicas de la vista, optan por acudir a establecimientos sanitarios de óptica, es decir, siete puntos más que en 2017. Por otra parte, el 85% de los habitantes de Castilla y León estarían de acuerdo en que, si tienen alguna afección visual, antes de ser derivados al oftalmólogo, sean atendidos por un óptico-optometrista.
Así, el 63% de los ciudadanos considera las ópticas como un servicio esencial, y el 83% considera positivo contar con un óptico-optometrista en la atención primaria. Esta es una necesidad cada vez más apremiante que el Colegio de Ópticos-Optometristas de Castilla y León viene reivindicando desde hace años.
COOCYL espera celebrar una nueva reunión con la Consejería de Sanidad para continuar con el proceso de integración, el cual fue recibido con entusiasmo en reuniones anteriores, como la que tuvo lugar con la ex Consejera Verónica Casado en diciembre de 2019, así como a principios de esta legislatura con el ex Director General de Asistencia Sanitaria, Francisco Javier Vadillo, puesto que fue reemplazado por Silvia Fernández.
La campaña #ÓpticosEnSacyl para la incorporación de profesionales sanitarios de la óptica a la sanidad pública de Castilla y León arrancó el viernes 26 de mayo con toda la información disponible sobre las ventajas de esta inclusión en la web de COOCYL. Esta campaña se difunde en redes sociales con el hashtag #ÓpticosEnSacyl, acompañada de una ilustración creada por el dibujante Álvaro, como continuidad al proyecto de comunicación #VivePorTusOjos, que incluía un decálogo con consejos para cuidar nuestra visión.
Para el decano de COOCYL, Luis Ángel Merino, la razón para que los ópticos-optometristas formen parte de la sanidad pública está clara: "Castilla y León cubre la atención de la salud visual de una forma incompleta en cuanto a los profesionales que ofrece para dar ese servicio. Las estadísticas revelan que entre el 70 y 75% de los pacientes que acuden a SACYL con problemas visuales precisan de una solución optométrica, y a día de hoy esa atención no existe al faltar el óptico-optometrista, que es el profesional formado y preparado para ello".
Como añade el experto, un servicio público tan importante como la sanidad, sin duda, se enriquece con "profesionales formados, cualificados y colaborativos como es nuestro colectivo".
"Podríamos insistir en los argumentos de tipo económico para hacer viable esta incorporación, pero lo más importante es que el paciente tendría un servicio más rápido, más especializado, y con una pronta solución para que sus problemas de salud visual se solucionen o se controlen, según sea el caso", asegura.
La prueba está en las 11 comunidades autónomas en las que hay ofertas públicas de empleo para plazas de personal laboral como ópticos-optometristas, donde los resultados han sido muy favorables. "Algo debemos de haber hecho mal en Castilla y León para no haberlo logrado todavía, pero espero que esto se revierta, porque desde el Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León no vamos a dejar de trabajar en este empeño, y estoy seguro de que pronto también aquí podremos ofrecer nuestros servicios como sanitarios que somos en el SACYL".
El decano espera poder ser recibido en breve por el consejero de Sanidad de Castilla y León para exponerle todos estos argumentos que nos sitúan como "agentes relevantes en la salud visual de la comunidad", no en vano "somos un colectivo que atendemos al año a más de 500.000 castellanoleoneses, tanto en nuestras consultas como en las de las clínicas privadas de Oftalmología que ofrecen el servicio de Optometría con un óptico-optometrista al frente".
En la misma línea, Ana Belén Cisneros, vicedecana de COOCYL, concreta que un 30% de las derivaciones desde el médico de atención primaria a la especialidad de oftalmologia en la edad adulta se hacen por un problema de agudeza visual, pero este porcentaje aumenta hasta un 76% en la población pediátrica.
"Si esta disminución de agudeza visual se debe a un problema refractivo o a una alteración del sistema binocular se podrían derivar al óptico optometrista, ya que somos los profesionales que nos encargamos del sistema visual que está sano, pero que funciona de forma inadecuada", explica, lo que redundaría en un beneficio claro para una gran parte de esas casi 53.000 personas que esperan la consulta de un especialista.
Cisneros recuerda también que, desde 2004, ya existe la categoría de óptico-optometrista en SACYL, lo que facilita su contratación, teniendo, además, una cantera de altísimo nivel gracias a los estudios universitarios del grado en Óptica y Optometría de la UVa, "lo que hace que nos sorprendamos todavía más de que seamos unas de las pocas comunidades autónomas en la que no tenemos representación en el sistema público sanitario".
"Desde aquí queremos transmitir a la Consejería de Sanidad que el fin último de esta reivindicación que hacemos desde COOCYL es el paciente, que se beneficiaría de una mejor y más rápida atención en salud visual", concluye.
Los delegados de COOCYL de las provincias de la región han querido aportar su visión sobre la inclusión de los ópticos-optometristas en la sanidad pública. Alejo Ruiz Martínez, delegado de COOCYL en Burgos, considera que los ópticos-optometristas deberían estar incluidos en la sanidad pública porque "estamos considerados como personal sanitario desde el 2004". Castilla y León fue la segunda comunidad en reconocerlo, pero, "tras ese primer paso aún no se ha dado el siguiente, como sí ha ocurrido en otras once comunidades, donde actualmente trabajan 400 compañeros, tanto en hospitales como en centros de salud".
"Nuestra formación académica con conocimientos en fisiología, refracción, patología, anatomía ocular, fundamentos físicos relacionados con la salud visual, etc. nos capacita para poder reconocer y tratar condiciones que requieran entrenamiento visual, procedimientos preventivos para compensación de anomalías visuales, diferenciación de ojo sano o con anomalías susceptibles de ser patológicas, y así poder remitir al paciente al oftalmólogo o al profesional sanitario apropiado", declara, añadiendo que "tenemos profesionales para poder cubrir las plazas que se oferten, y evitar así la fuga de nuestro talento a otras comunidades o países".
Su presencia en la sanidad pública aportaría, según Alejo Ruíz, un "triple objetivo": disminuir la presión asistencial en el servicio de Oftalmología; aumentar la capacidad diagnóstica y quirúrgica de este servicio, gracias a la descarga de la citada presión asistencial; e incrementar la rapidez en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Todo ello se resume en un "único objetivo final", que es contribuir a una mejora de la asistencia en salud visual de los pacientes.
En cuanto al coste que supondría la inclusión, el delegado de COOCYL en Burgos expone que en febrero del 2022 ya se le envió a la Consejería de Sanidad un informe llamado 'Ampliación de cartera de servicios de salud visual en Castilla y León. Una aproximación de evaluación económica'. El estudio es una extrapolación del realizado a nivel nacional, considerando que la población castellano leonesa supone un 5.13% del total nacional. En él se establece que el número de derivaciones de atención primaria a oftalmología por problemas de Agudeza Visual (que son perfectamente tratables por los ópticos?optometristas) fue de 74000 en pediatría y de 63100 desde medicina general.
Por tanto, para cubrir esta demanda, y rebajar las saturadas listas de espera que actualmente están en 98 días de media para una primera consulta en la comunidad, serían necesarias crear 15 unidades de Optometría para pediatría y 16 unidades para adultos, lo cual supondría un coste por unidad de 59.309 euros haciendo un total de alrededor de 1.800.000 euros frente a los más de 3.600.000 euros del modelo actual, lo cual supone "un gran ahorro para las arcas públicas".
En cuanto al impacto en las listas de espera, Alejo explica que, "si tenemos en cuenta que la tasa de derivación a oftalmología a nivel nacional es de un 6%, observamos que en pediatría esta tasa es de un 22.5% y de este porcentaje un 76% está relacionado con problemas de agudeza visual, ámbito totalmente asumible por ópticos-optometristas. En población adulta la tasa es del 14.5% y de ese porcentaje el 30% está relacionado también con problemas de agudeza".
Con lo cual, se pone de manifiesto "la considerable rebaja de estas listas de espera que supondría nuestra inclusión, beneficiándose también las listas de espera quirúrgicas que actualmente se cifran en más de 7.000 personas (marzo 2023), puesto que el servicio de oftalmología, al verse más desahogado podría atender de manera más rápida esta demanda", concluye.
